Sin secretaria auxiliar el área de terreno y de servicios sólidos en el DRNA

La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes continuó hoy, jueves las vistas públicas sobre la Resolución de la Cámara 243, que investiga la crisis provocada por la instalación, manejo y disposición de placas solares y baterías de almacenamiento de energía solar en Puerto Rico.

A la audiencia, presidida por el representante Luis Raúl Torres Cruz, compareció el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Sierra Club y la Asociación de Energía y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA).

Además, asistió el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

“Las placas solares pueden tener 25 años de vida útil y las baterías hasta diez. Sin embargo, la realidad de Puerto Rico es que ya tenemos muchas placas y baterías instaladas  más tiempo de lo que se supone”, expuso Torres Cruz.

“Ayer, Luma Energy informó en vista pública que de 25 mil instalaciones que habían cuando asumieron el control de la red de transmisión y distribución eléctrica en el 2021, estas habían aumentado a 56 mil las instalaciones”, añadió el legislador.

En la vista, el ayudante especial del DRNA, Samuel Acosta confirmó que actualmente no hay secretaria auxiliar en el área de terreno y de servicios sólidos ni en sus respectivas áreas.

“¿Desde cuándo no existe esa secretaria auxiliar?”, cuestionó el legislador Cruz Torres, a lo que el ayudante especial del DRNA contestó que desde hace dos años no hemos tenido una secretaria auxiliar”.

Por su parte, el Legislador planteó que conversará con el Presidente de la Cámara, para mirar al DRNA  y observar si la estructura que existe hoy es funcional o no. “Esta situación es muy seria”.

Por su parte, la representante de Sierra Club, Maritza Maymí resaltó que es necesario la creación de leyes que fije responsabilidad a productores, distribuidores y vendedores de estos productos de energía fotovoltaica en el desarrollo de planes para la recuperación, manejo, desmantelamiento, demolición y tratamiento de sus productos una vez cumplan con su vida útil.

A su vez, la representante de la organización ambiental recomendó que se debería de dotar a la Universidad de Puerto Rico (UPR) de presupuesto apropiado para que puedan desarrollarse proyectos de investigación que permitan crear soluciones para el manejo y reuso de los materiales que componen los productos asociados a la generación de energía fotovoltaica.

“Esto crearía varias condiciones necesarias para impulsar nuestra economía de forma sostenible, creando nuevos espacios para la producción de conocimientos y de mercancías necesarias para mejorar la calidad de vida”, sostuvo Maymí.

De manera similar, el primer oficial de política pública, Javier Rúa Jovet manifestó para que se utilice agresivamente un amplio poder con el fin de que Puerto Rico cumpla con su obligación de generar en o antes del 2025, 40 por ciento de la energía del país con
fuentes renovables, mayormente solar.

“Esto incluye que Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) finalicen la contratación de los proyectos pertinentes y asegurar que los mismo no mueran en la burocracia y fragmentación de los procesos de la Rama Ejecutiva, incluyendo las agencia de permisos”, apuntó Rúa Jovet.

“En estos momentos estamos enfrentando una crisis de índole existencial, de rango realmente apocalíptico”, agregó.

En la misma línea, el director ejecutivo de la organización Amanecer 2025, Juan Rosario planteó que a mediano plazo es necesario instalar y poner en operación suficiente capacidad basada en energías renovables que permita a todo el país tener la mayor resiliencia para enfrentarse a los fenómenos naturales.

Por su parte, la abogada Mónica Figuera Ramos del DACO expuso que ante el incremento en venta e instalación de sistemas fotovoltaicos, la oficina de Asuntos de Energía Renovable de la agencia gubernamental ha impulsado la necesidad crear una
estructura legal para atender el tema del manejo y disposición de los componentes de plataformas solares.

“Hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa a iniciar el desarrollo de los parámetros de un programa único de reciclaje de los componentes de los sistemas de energía fotovoltaica a la mayor brevedad posible”, puntualizó la funcionaria.

Según el DACO, en su memorial explicativo indican que el número de estructuras con sistemas de energía fotovoltaica antes del huracán Irma y María, rondaba los 2,000.

“Hoy esa cifra supera las 75,000 residencias”, dijo Figueroa.

A preguntas del representante Torres Cruz sobre las querellas que recibe DACO contra las compañías de placas solares, Figueroa indicó que desconoce el número exacto, pero aseguró que el volumen es alto.

De su parte, la abogada del Programa de Política Pública Energética del DDEC, Brendalilz González Méndez mencionó que al presente existen algunos programas o incentivos que permiten que personas de escasos o moderados recursos puedan obtener e instalar placas solares.

Cabe destacar que durante las vistas públicas sobre esta pieza legislativa comenzaron el día de ayer y han comparecido la AEE, el Negociado de Energía, el Grupo CAMBIO y el Departamento de la Vivienda.

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