Representantes investigan incumplimiento de aseguradoras con la Ley para Combatir el COVID-19

La Comisión de Salud, presidida por la representante Sol Y. Higgins Cuadrado, atendió la Resolución de la Cámara 374, que ordena investigar el supuesto incumplimiento de las aseguradoras médicas con las disposiciones de la Ley 43-2020, mejor conocida como “Ley para combatir el COVID-19”.

En vista pública, los representantes recibieron el insumo de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico (ALCPR), el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico (CCDPR). 

La presidenta de la ALCPR, Laura Trujillo, aseguró a través de un memorial explicativo, que los laboratorios “se han visto adversamente afectados por el incumplimiento de las aseguradoras a la hora de pagar pruebas de diagnóstico del virus que causa el COVID-19”.

“A modo de ejemplo, una prueba PCR que al laboratorio le cuesta $60.00, el plan médico paga $51.33. Esto representa una pérdida de $8.67 por prueba. Un laboratorio pequeño o mediano lleva a cabo un promedio de 10 pruebas PCR al día. Esto, nos lleva a un total de 200 pruebas mensuales, lo que incrementa la pérdida de un laboratorio a $1,734”, mencionó Trujillo. 

Según la licenciada, los principales retos y problemas que enfrentan los laboratorios en la isla son un resultado de la poca fiscalización sobre las aseguradoras. “Existe una carencia de normativas aplicables a la facturación y pagos relacionados con la toma de muestra y realización de las pruebas”, mencionó la presidenta de la ALCPR.

Actualmente, la Ley 43-2020, conocida como “Ley para combatir el COVID”, establece la política pública vigente en Puerto Rico en cuanto a la atención y tratamiento del coronavirus. El estatuto legal menciona que ninguna organización de servicio de salud, PBM o tercer administrador podrá requerir algún copago, deducible, referido o pre-autorización por el diagnóstico y tratamiento del COVID-19, incluyendo el permitir el pago o reembolso a los proveedores. 

La Ley 43-2020, otorga facultad al secretario del Departamento de Salud para fiscalizar y promulgar reglamentación pertinente en la consecución de la misma.

“Al presente, Salud no ha promulgado reglamento o expedido normativa que ofrezca directrices en cuanto a los pagos asociados a las pruebas de diagnóstico y toma de muestra, así como el tarifario base aplicable”, resaltó Trujillo. 

Al mismo tiempo, la presidenta de la ALCPR denunció “que la ausencia de una expresión clara por parte de las agencias reguladoras (Departamento de Salud, ASES y OCS) ha propiciado parámetros de facturación y pago arbitrarios, sin negociación legítima ni de buena fe con los laboratorios”.

Por otro lado, Víctor Ramos Otero, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, explicó que “el problema con las aseguradoras estriba en que la mayoría han optado por ignorar las legislaciones estatales que son más estrictas en la exigencia de cubierta para pacientes del COVID-19 y han preferido guiarse, evidentemente a su conveniencia, por disposiciones federales más ambiguas”. 

Ramos Otero explicó en vista pública, que la ley federal requiere que todos los planes de seguros privados cubran el costo total asociado con las pruebas de COVID-19 aprobadas, “siempre y cuando la prueba se considere médicamente adecuada. La legislación federal también requiere el pago de servicios o tratamientos relacionados al COVID-19, aunque la definición de servicios relacionados queda al arbitrio de la interpretación de las aseguradoras”.

Sin embargo, el galeno  apunta que la legislación de Puerto Rico, a diferencia de la federal, “reconoce una protección más amplia para los pacientes de COVID-19, y las aseguradoras autorizadas a realizar negocio en Puerto Rico, están obligadas a cumplir con las disposiciones de la Ley 43 de 2020”. 

En su turno de preguntas, el representante Juan Oscar Morales Rodríguez, autor de la Resolución de la Cámara 374, mencionó que el problema de fiscalizar a las aseguradoras viene ocurriendo desde hace tiempo y no tan solo es un fenómeno relacionado con la pandemia. “Mientras las aseguradoras no tengan consecuencias ante sus penalidades, seguiremos cuatrienios tras cuatrienios con estos problemas sin resultado alguno”, resaltó. 

Por otro lado, el Comisionado de Seguros de Puerto Rico, Alexander S. Adams Vega, señaló que su oficina mantiene una querella abierta presentada por la Asociación de Laboratorios Clínicos. 

“Para atender de manera puntual los reclamos de los laboratorios, le hemos solicitado a la Asociación el detalle de los pagos denegados a laboratorios miembros de la organización e igual exhortación hacemos a todos los demás proveedores que están confrontando similar situación de pago de servicios o tratamientos disponibles para el COVID-19”, mencionó Adams Vega. 

A su vez, el director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Jorge E. Galva, aseguró que su agencia “continúa en constante monitoreo de que las aseguradoras contratadas para dar servicios al Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico estén en cumplimiento con las normas establecidas”. 

En la vista pública también participó la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE). 

Finalmente, la presidente de la Comisión de Salud, Sol Y. Higgins Cuadrado realizó múltiples solicitudes de información a ASES y a la ALCPR.

“Cuando comencé en la Cámara una de las cosas que tenía en mente era aportar algo significativo a la salud en Puerto Rico. Estoy comprometida en atender todos los proyectos, sin importar el partido, siempre y cuando los objetivos de los mismos sean unos que cambien la vida de cada puertorriqueño. Una muestra de ese compromiso es la atención a esta Resolución propuesta por el compañero Morales Rodríguez. De igual forma, he tomado la decisión de atender próximamente el Proyecto de la Cámara 996 de la autoría del representante Denis Márquez Lebrón, que enmienda el Código Civil y propone fiscalizar más a las aseguradoras”.

Higgins Cuadrado también mencionó que “es momento de abrir una discusión seria sobre el impacto de las aseguradoras en la salud de nuestro pueblo. La salud es un servicio esencial que nos corresponde a todos. Tenemos como legisladores, que ponernos en la misma sintonía, y no permitir que sean los puertorriqueños quienes paguen el precio más caro por servicios básicos y esenciales”, recalcó. 

Anterior Programa de Educación Especial asegura que ha realizado esfuerzos para proveer enseñanza a estudiantes que permanecen en sus hogares por falta de maestras y terapistas