La Comisión Anti-Corrupción e Integridad Pública tendrá jurisdicción sobre todo asunto relacionado con el estudio y diseño de las estructuras gubernamentales y los controles internos que eliminen vacíos legales que promuevan actos de corrupción en el servicio público; la elaboración y estudio de medidas que fomenten la integridad en el Gobierno y los principios éticos en el ejercicio del cargo público; la elaboración de un plan anti-corrupción que devuelva la confianza de nuestro sistema de gobierno; las penas y las acusaciones sobre los funcionarios que le fallan al pueblo; evaluación de la política pública de delitos de corrupción y acciones contrarias a la ética; evaluación de riesgos de corrupción en el Gobierno; los planes, funciones, organización y prestación de los servicios ordenados por ley al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), la Oficina del Contralor de Puerto Rico, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Inspector General; y sobre cualquier asunto que le delegue la Cámara de Representantes de Puerto Rico o el Presidente o la Presidenta de ésta.