El Departamento de Vivienda presenta presupuesto en la Cámara y anuncia una asignación de $23,780,802 para el programa de CDBG

Las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Representantes y del Senado, que presiden el representante Jesús Santa Rodríguez y el senador Juan Zaragoza Gómez, respectivamente, realizaron una vista pública conjunta sobre la Resolución Conjunta de la Cámara 307, para evaluar el presupuesto propuesto del Departamento de Vivienda (DV) que asciende a $900,284,000.

El secretario de la agencia, William O. Rodríguez explicó que, en comparación con el aprobado presupuesto del año fiscal 2022, refleja un incremento de $13,288,000. El aumento se refleja, principalmente, en la partida del Fondo General por la cantidad de $6,999,000. Esto se debe al impacto de la nómina por la movilidad de los compañeros de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y al pago del plan de pensiones.

Además, la partida de Fondos Especiales Estatales se incrementó por $4,66,000, esta se utiliza para el pago de los subsidios de arrendamiento y mejoras de vivienda para personas de mayor edad con bajos ingresos, a través de la Ley 173-1996.

El funcionario anunció que para el programa de Community Development Block Grant (CDBG) se espera que el DV reciba una asignación de $23,780,802 durante el año fiscal 2023. “Entre los retos que se tenía en el año fiscal 2022, estaba la posible pérdida del remanente de los fondos otorgados desde el año 2008 al 2014, si no se utilizaban en o antes del 31 de agosto de 2021. El balance de estos fondos al mes de febrero de 2021 era de $10,761,183, pero el mismo se desembolsó en la fecha pautada”.

En su turno, el representante Juan José Santiago Nieves trajo la preocupación del atraso que llevan los municipios en el uso de los fondos CDBG. “Hay que reconocer el proceso complejo que es de evaluar las propuestas, y tantos reglamentos y reglas federales, pero es un asunto de falta de personal en la agencia para 51 municipios”.

Ante la falta de empleados, el secretario comentó que el DV llegó a un acuerdo con la Alianza Municipal de Servicios Integrados (AMSI) que han ido supliendo personal temporero, con la eventualidad de que los empleados en algún momento puedan solicitar una convocatoria “cuando se pueda pagar un salario razonable”.

Este programa se enfoca en desarrollar comunidades de vivienda adecuadas que provea oportunidades de crecimiento económico, para las personas de ingresos bajos y moderados. Los fondos se distribuyen a los municipios siguiendo los acuerdos y reglamentos del Gobierno Federal.

Cabe señalar que, durante en el período del año 2019 al 15 de abril de 2022, el DV ha sido objeto de tres auditorías federales sobre el uso de los fondos de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) por parte de la Oficina del Inspector General del DV y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD-OIG, por sus siglas en inglés).

“Sobre estas auditorías, solo se ha emitido dos reportes de la auditoría con un total de tres hallazgos. Los dos hallazgos de la HUD-OIG se encuentran abiertos, pero el DV ha cumplido sustancialmente con las recomendaciones de HUD-OIG”, manifestó el secretario.

Por otra parte, la Administración de Vivienda Pública (AVP), agencia gubernamental adscrita al DV, tiene un presupuesto propuesto para el año fiscal 2022-2023 que ronda los $672 millones. De esta cantidad, un 99.2% o $666.9 millones provienen de fondos federales.

El administrador de la entidad, Alejandro Salgado Colón expresó que la partida proveniente de fondos estatales es de $5.6 millones o 0.8% del presupuesto y es utilizado para cubrir nómina de 33 proyectos estatales, así como el gasto de nómina de los empleados de la AEE, transferidos a la AVP por la movilidad.

Una de las metas que tiene la AVP para el próximo año fiscal es la demolición, el desarrollo y construcción de nuevos proyectos. “La inversión estimada de mejoras de capital y mantenimiento extraordinario ronda los $20 millones para este próximo año fiscal”, indicó Salgado Colón.

Los proyectos de mejoras para movilidad comprenden 512 unidades de vivienda existentes en diferentes residenciales públicos del país, para así estar en cumplimiento total con los estándares bajo la Ley Federal ADA (Ley de Estadounidenses con Discapacidades). Los trabajos de construcción se estiman en $18.9 millones, aproximadamente”, dijo el administrador de la AVP.

A su vez, el administrador planteó que, al presente, se encuentran en procesos de modernización y demolición de tres proyectos a través de todo Puerto Rico, para un total de 1,022 unidades de vivienda, lo cual tiene un costo estimado de $173,897 millones.

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